La radiodifusión es el arma que el Gobierno de los EEUU usará contra Venezuela de aprobarse definitivamente el paquete de medidas intervencionistas contenidas en la propuesta de ley (act) S.2142.
El proyecto presentado por cinco senadores republicanos, incluyendo el senador por Florida, Marco Rubio, no sólo prevé las sanciones a funcionarios venezolanos, sino también acciones denominadas de “apoyo a la sociedad civil”.
Entre las mismas está un plan para apuntalar los esfuerzos de los medios de comunicación de oposición (llamados independientes) para divulgar información, así como facilitar un acceso a Internet abierto y sin censura para el pueblo venezolano.
Para diseñar la estrategia de esta tarea se le ordenó al Broadcasting Board of Governors, agencia federal que controla las transmisiones no militares, para que revise la situación operativa de la radiodifusión en Venezuela y establezca un programa que permita incrementar la influencia de los contenidos contra la Revolución Bolivariana.
Aumentar la radiodifusión de EEUU en Venezuela
En la propuesta legislativa, que ya ha sido aprobada por las dos instancias parlamentarias, las sanciones están desarrolladas en la sección 5, y el apoyo a la sociedad civil en Venezuela, en la sección 6.
En esta última ese respaldo implica “fortalecer la capacidad de organización y funcionamiento de la sociedad civil”, pero se muestra con mayor concreción cuando dice que se propone “apoyar los esfuerzos de los medios de comunicación independientes para transmitir, distribuir y compartir información más allá de los limitados medios disponibles a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.” (traducción propia).
La normativa establece que estas acciones las puede realizar directamente el Gobierno estadounidense o a través de organizaciones no gubernamentales.
Si hay alguna duda sobre los objetivos, basta mirar la sección en la que se ordena a la agencia que regula las trasmisiones radiales civiles que diseñe las medidas específicas para incrementar la difusión radioeléctrica en Venezuela.
Eso contempla tecnología de distribución de contenidos que puedan eludir los controles propios del manejo de espacio radioeléctrico.
En forma precisa la Ley le pide al Broadcasting Board of Governors, en un plazo de 30 días, un informe con estos datos:
I nivel actual de fondos federales dedicados a la radiodifusión, la distribución de información y la tecnología de distribución elusiva en Venezuela;
II una evaluación de si el nivel y tipo de noticias y programación y contenidos proporcionados por La Voz de América, está abordando suficientemente las necesidades de información de la gente de Venezuela; y
III medidas específicas para aumentar la difusión, la distribución de información y la tecnología de distribución elusiva en Venezuela.
Una lectura acuciosa permite inferir que lo que se propone la ley es una invasión del espacio radioeléctrico venezolano, bien sea con el fin de instalar emisoras de radio ilegales, o para promover servicios de acceso a Internet paralelos, con el argumento de evadir una presunta censura del Gobierno Bolivariano.
Para estas y otras tareas, el Senado aprobó en la misma ley la autorización para el uso de 15 millones de dólares durante el año 2015.
La motivación de la intervención estadounidense es económica
Para formular la legislación, ya aprobada por las instancias parlamentarias, sus proponentes se basaron en razones económicas, que evidencian la naturaleza de la confrontación entre la propuesta bolivariana y la burguesía venezolana y sus aliados transnacionales.
En la sección 2, los tres primeros principales puntos considerados por los senadores son la alta inflación, el control cambiario y la escasez.
En el primer dato precisa que el de Venezuela (56% en 2013) es el más alto nivel de la inflación en el hemisferio occidental y el tercer nivel más alto en el mundo detrás de Sudán del Sur y Siria.
Por supuesto, olvidan que en la década de 1990 la inflación en Venezuela llegó a superar el 100% en 1996, y llegó al 81% en 1989, en medio del ajuste neoliberal impulsado por los presidentes Pérez y Caldera.
La segunda gran motivación es “una serie de controles de divisas que han exacerbado los problemas económicos y, según el Foro Económico Mundial, se han convertido en el factor más problemático para hacer negocios en Venezuela”.
Esta vez también olvidan que el sector privado no produce más del 3% de las divisas que ingresan al país, mientras su vocación importadora lo hace alto consumidor de dólares.
Y finalmente recurren al argumento de que “el índice de escasez de Venezuela alcanzó el 28% en diciembre de 2013, lo que significa que uno de cada 4 productos básicos no está disponible en un momento dado de tiempo.” Justamente esa escasez es generada por la actuación de un empresariado que reduce los volúmenes de producción en forma programada, con el fin impulsar alzas de precios y compras compulsivas. Y eso se llama “guerra económica”.
La invasión radioeléctrica ya existe y utiliza las fronteras
Para la gente de radio, la idea de una invasión del espacio radioeléctrico no es cosa de ciencia-ficción.
La ocupación de las frecuencias o canales, sin pretender alarmar, ya es un hecho, y está vinculada con transmisiones que se originan en los países vecinos como Brasil y, especialmente, Colombia, coinciden Roberto Sanabria, de Radio Voces Libertarias, y Fermín Sandoval, del Colectivo Radiofónico de Petare.
Lo extenso de las fronteras venezolanas incrementa esa vulnerabilidad y podría facilitar las acciones previstas desde EEUU.
Sanabria explica que lo predecible es que se utilicen transmisores muy potentes, de “alto vatiaje”, que “se montan sobre nuestras transmisiones” y borran la frecuencia que emite legalmente desde el territorio venezolano.
Sin embargo, técnicamente esa señal invasora se puede bloquear, lo que no significa que sea sencillo ni requiera importantes recursos.
Sandoval advierte sobre la vulnerabilidad que representa el extenso frente caribeño, pues el mar facilita la transmisión de las señales de radio, mientras que Sanabria dice que desde cualquier isla del Caribe pueden realizar transmisiones hostiles hacia Venezuela.
Los dos coinciden en el hecho de que lo más riesgoso no está en transmisiones ilegales sino en el que se emite mediante medios con señales autorizadas.
Sanabria destaca que el 80% del espectro radioeléctrico está en poder de los grandes circuitos radiales, Sandoval alerta sobre la presencia de programas con contenidos racistas o discriminatorios.
Y apuntan a la necesidad de potenciar los contenidos que se producen en la radios comunitarias, lo cual requiere esfuerzo creador y recursos materiales.
Sanabria no deja de alertar sobre la posibilidad de que los medios “independientes” penetren legalmente emisoras comunitarias y las utilicen para hacer circular contenidos hostiles; al tiempo que Sandoval sugiere incrementar las transmisiones de onda corta hacia el Caribe, como una manera de defender la soberanía venezolana.
Diego Sequera, editor del portal de análisis Misión Verdad (www.misionverdad.com), explica que el plan pretende permear el discurso de la conspiración guarimbera en el barrio. “Van a seguir esa ruta, apostando al desgaste, a la “flexibilidad” y estado líquido de la guerra económica, a la acentuación de la crisis, acompañados de esa nueva saturación informativa y de las guarimbas hipertrofiadas mediáticamente”, explica.
Fuente: Ciudad CCS
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